Author: perezparedes

(El texto en negrita no aparece en el original)

Se han cumplido dos años de la aprobación del RDL 14/2012, de “medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, una norma que modificó la Ley
Orgánica de Universidades y afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la
organización de la actividad docente. Las normas presupuestarias posteriores han afectado a
los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados
públicos y, por tanto, también a los de las universidades.

Los Reales Decretos sobre becas han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda
por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las
necesitan. Asimismo, las ayudas Erasmus han restringido también sus criterios de concesión
en los últimos dos años.

En investigación, el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el
Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte
efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación. Este
entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión contrasta con la política de
los países más avanzados.

Los rectores consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo
impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios
públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las
posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el
empleo. El acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los
resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición. Estas cercenan las perspectivas
de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora
permanente en docencia e investigación. Las limitaciones normativas han provocado que las
plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios se hayan
llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que
resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión.

Las medidas, según decía el RD 14/2012, eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura
económica del momento. Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en
España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión
eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen.

Los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en
todos los niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes
de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de
las universidades. Debe ser posible que éstas configuren ordenadamente sus plantillas, con
fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica.
Debe retomarse el apoyo a la investigación y a la innovación para regresar a una senda de
crecimiento, basado en el conocimiento y la especialización inteligente y sostenible, que evite
la pérdida de talento y aproveche la formación proporcionada.

La universidad española, como toda la universidad europea, afronta necesidades de
adaptación de su sistema a una realidad social y económica que exige una modernización de
sus estructuras y funcionamiento. Para poder abordarla, es necesaria la búsqueda de un
amplio consenso social y político que debe empezar forzosamente por la recuperación de la
normalidad en su vida académica, docente e investigadora. La consecución de estos objetivos
nos implica a todos -agentes sociales, gobierno, comunidades autónomas y universidades- y es
necesario conseguirlo en beneficio de la sociedad española.

Comunicado en la web de la CRUE.